Las sanciones a empresas por mantener barreras se destinarán a los discapacitados
Es una de las propuestas que Junta y Cermi estudian incluir en el borrador del Anteproyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para estas personas
JOSE ALFONSO
El Cermi echa en falta algunas medidas para garantizar la accesibilidad en espacios públicos
La Junta de Castilla y León y el Comité Autonómico de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad (Cermi) trabajarán codo con codo los próximos meses hasta que finalice la legislatura para sacar adelante el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para los Discapacitados. De momento, ya se encuentra en manos del Cermi el primer borrador del texto elaborado por el Gobierno regional, entre cuyas propuestas destaca el posible uso de los ingresos obtenidos por la recaudación de multas en políticas de promoción de las personas con discapacidad, una iniciativa que desde el Comité han valorado de forma muy positiva.
Según explica su presidenta, Simona Palacio, se trataría de emplear el cobro de las sanciones que la futura normativa prevé imponer a aquellas empresas e instituciones que no cumplan la ley —bien sea con la eliminación de barreras físicas, tecnológicas o de cualquier otro tipo— en el desarrollo de iniciativas que favorezcan la plena integración de las personas discapacitadas en la sociedad, así como su autonomía individual.
Los representantes del Cermi ven en esta propuesta un pequeño paso hacia adelante en una de sus viejas reivindicaciones a nivel estatal, que persigue el destino de parte de los ingresos obtenidos por multas de tráfico a la protección social y económica de las víctimas, y al apoyo de asociaciones que, como Aspaym (Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos), participan asiduamente en campañas de prevención, recuerda el presidente de Aspaym en Castilla y León, Francisco Sardón.
Por lo que respecta al catálogo de sanciones que se impondrán a quienes no cumplan la normativa, el Cermi considera que, al menos, debería igualar a las recogidas en la Ley estatal, publicada en el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 2007, tres años después de la norma viera luz verde en el Congreso, y que recoge multas desde 300 euros para infracciones leves al millón de euros en faltas muy graves. Estas cuestiones han sido analizadas en un primer documento de posición elaborado por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en respuesta al primer borrador del anteproyecto.
En su texto el Cermi resume aquellos «principios» que consideran «irrenunciables» para el efectivo ejercicio de la igualdad de oportunidades y vinculan su éxito al «compromiso» de los poderes públicos. Cuestiones mejorables Según explica Simona Palacios, el planteamiento general de la futura normativa regional es correcto, aunque tiene algunas «cuestiones mejorables». Al respecto, la presidenta del Cermi habla de la necesidad de elaborar una estadística fiable de las personas con discapacidad que existen, con el fin de planificar adecuadamente los servicios y políticas públicas que se desarrollen: «Los grupos de discapacidades específicas que existen actualmente están muy anticuado.
Ahora se padecen discapacidades nuevas y más graves», sostiene. Otra de las principales demandas de la agrupación tiene que ver con su participación en los órganos de decisión que se pongan en marcha, una vez aprobada la ley, con el fin de elaborar planes y estrategias públicas que afecten a las personas con discapacidad. En este sentido el Cermi demanda la constitución de un órgano de representación de naturaleza mixta y composición bilateral entre las entidades representantes de las personas con discapacidad y sus familias y la Junta de Castilla y León.
De esta forma, según el Comité, «se facilitaría la acción política y administrativa y redundaría en una mayor eficacia y eficiencia». El documento redactado por el Cermi al que ha tenido acceso ABC también echa en falta en el borrador algunas medidas para garantizar la accesibilidad universal en materias como telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras y edificación, transportes o bienes y servicios a disposición del público.
En este sentido se refieren tanto a la eliminación de barreras arquitectónicas como al mayor uso de pictogramas e intérpretes de lengua de signos, entre otras cosas, como recursos comunicativos. Para finalizar, otro de los puntos que considera imprescindible que incluya la ley es el reconocimiento del papel que desarrollan las entidades del Tercer Sector, aquellas que han venido trabajando con las personas con discapacidad.
Conscientes de que tarde o temprano tendrán que convivir con el sector privado en la atención a los discapacitados se considera imprescindible que desde la administración pública se otorgue un «trato preferente» a todas las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desde hace años trabajan en la creación, promoción y gestión de centros y servicios para estas personas. «Agilidad y lealtad» Con las bases puestas, Junta y Cermi tendrán ahora que sentarse a negociar un texto definitivo que irá muy ligado a la recién aprobada Ley de Servicios Sociales, que reconoce estas prestaciones como un derecho de sus usuarios. Un trabajo que desde el Comité espera que se haga con la misma «agilidad y lealtad» con la que se ha empezado a elaborar.
