Una mujer podrá trabajar y cobrar por su invalidez

El Tribunal Supremo da la razón a una tetrapléjica de 31 años empleada como asistente social en un centro de Barcelona

Una sala de rehabilitación del Instituto Guttman, en Badalona (Barcelona), donde trabaja Carolina Carbonell. - M. F. L. DEL POZO - BARCELONA

El Tribunal Supremo ha sentenciado que Carolina Carbonell, de 31 años y paralizada de brazos y piernas, puede cobrar una pensión contributiva por su gran invalidez y, al mismo tiempo, trabajar como asistente social en el Instituto Guttman.

La historia de Carolina empieza en Sevilla, en un viaje sin retorno. Fue cuando, a los "veintitantos", según explica su abogado, Jaume Cortés, se fue con dos amigas a la ciudad andaluza para disfrutar de la fiesta y las tapas, "lo que haría cualquiera de nosotros", añade el letrado. Pero camino a Barcelona, las cosas empezaron a ir mal. Las tres chicas se habían intoxicado con algún alimento en mal estado: vómitos, diarrea y dolor.

Carolina acabó en el Hospital de Sant Pau. Hasta ahí todo normal. El problema llegó, según explica Cortés, cuando, estando en la sala de espera, "el cuerpo de Carolina se equivocó; y en vez de matar al virus, mató su espina dorsal a la altura de las cervicales". Los médicos no pudieron hacer nada. "En tres horas", Carolina quedó tetrapléjica. Ahora sólo puede mover los dedos de una mano.

Debido a sus circunstancias, en 2004, Carolina, que hizo la rehabilitación en el Instituto Guttman, consiguió el grado de gran invalidez y una pensión de casi 600 euros. Pero sus quebraderos de cabeza no habían terminado. En 2006, el Instituto le ofreció un puesto de trabajo como asistente social, ya que antes de la enfermedad, explica Cortés, ella había estudiado esta especialidad. Además, el Instituto, dedicado a la rehabilitación de personas con lesiones de origen neurológico, consideró que Carolina era un buen ejemplo para los "enfermos recién llegados". Por este trabajo, la mujer cobra 1.000 euros.

Periplo judicial

Trabajar era un éxito, un paso adelante en sus intentos por tener una vida lo más normal posible, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social no compartía el mismo criterio, así que le comunicó que no se revisaría su grado de incapacidad, pero se le retiraría su pensión de 600 euros si persistía en su idea de trabajar. Y así empezó una batalla judicial que ha durado tres años.

"Es muy injusto decirle a una persona joven que no puede trabajar si quiere cobrar la pensión contributiva"

Desde el inicio, la estrategia de Cortés ha sido la misma: Carolina tuvo un accidente no laboral, "un accidente de su propio cuerpo", pero eso no es impedimento para que no pueda "hacer, como dice la ley, trabajos marginales, adaptados a ella". "Es muy injusto decirle a una persona joven que no puede trabajar si quiere cobrar la pensión contributiva", afirma Cortés.

La primera sentencia, emitida por el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, dio la razón a Carolina. La Seguridad Social recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) falló a favor del Estado.

"Ella quería dejarlo aquí", afirma Cortés, "pero yo dije que no". Y fueron al Supremo. Han ganado. Desde ayer, Carolina puede trabajar en el Instituto y cobrar lo que es suyo. Ahora, dice su abogado, está muy contenta. Aunque prefiere evitar los focos.

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