"Cuando algo empieza mal el final termina mal" no se puede cuartar la libertad de las personas...

La Junta rechaza que saquen a ancianos de las residencias para cobrar ayudas

Un centro de personas de mayores. FERNANDO BLANCO ABC.

SEVILLA Actualizado Domingo, 08-03-09 a las 20:58 La Junta de Andalucía rechaza que muchos familiares estén sacando a los ancianos de las residencias en las que están ingresados desde hace años para poder cobrar ayudas económicas al amparo de la Ley de Dependencia, una práctica contra la que está tomando medidas. Así lo ha dicho la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, quien ha subrayado que "nos encontramos con personas que llevan tiempo en una residencia y que los familiares quieren sacarlos y pedir una ayuda económica".

Sin embargo, la consejera considera que, "por lógica", la situación de ese anciano habrá empeorado unos años después de que su familia o él mismo decidiera ingresar en una residencia, por lo que están ateniéndose a lo que dictaminan los técnicos y no al deseo expresado por los familiares. La consejera ha criticado que "nadie discute" al médico cuando determina un tratamiento y, sin embargo, sí se pone en duda en numerosas ocasiones el dictamen de los trabajadores sociales. Micaela Navarro ha indicado que este tipo de problemas es un ejemplo del excesivo número de prestaciones económicas que se están registrando con la Ley de Dependencia en Andalucía, por lo que están "desincentivando" ese tipo de ayudas y las que supongan un "plus", como las que incluyen 45 días de vacaciones a las personas cuidadoras.

Ley de Dependencia

Para ello, la consejera ha señalado que han modificado la orden del 3 de agosto de 2008, que recoge el decreto que desarrolla la ley. Así, ha explicado que en Andalucía hay 40.000 ayudas que son prestaciones económicas de las 99.000 personas que ya reciben algún tipo de prestación relacionada con la Ley de Dependencia, según datos cerrados al 25 de febrero pasado. Hasta esa fecha, en Andalucía se han presentado 254.000 solicitudes, de las que han sido valoradas el 83 por ciento y que han determinado que tienen derecho a recibir una prestación 150.000.

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