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El congreso empieza a tramitar una ley para mejorar la vida de las personas con discapacidad en todos los ámbitos

MADRID, 18 (SERVIMEDIA) El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó anoche por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Popular que insta al Gobierno a impulsar una normativa transversal que adapte la legislación española a la Convención de la ONU sobre Discapacidad, introduciendo las reformas legales que sean necesarias y derogando, si fuera preciso, las leyes que queden obsoleta.
En concreto, la proposición de ley del PP, defendida en el Pleno del Congreso por el diputado Francisco Vañó, quiere que el ajuste del ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre Discapacidad esté listo en seis meses, mediante una ley que recoja "flecos sueltos" y que atienda "reivindicaciones enquistadas" sobre aspectos relacionados con el empleo, la vivienda y el trasporte de las personas con discapacidad.
Así, por ejemplo, la proposición apuesta por crear una nueva ley para mejorar el acceso al trabajo de los ciudadanos con discapacidad; por elevar del 5 al 7% las ofertas de empleo público para este colectivo; por eximir de pagar peaje en las autopistas a las personas con discapacidad, y por considerar infracción grave y castigar con la pérdida de puntos a quienes aparquen en las plazas reservadas para conductores con discapacidad.
Con respecto al empleo, el texto de los populares es partidario de elevar la reserva pública de empleo desde el 5 al 7%, y destinar un 2% de ese 7% al empleo de personas con discapacidad intelectual. Se da la circunstancia de que esta ampliación ya está recogida en los decretos que regulan la Oferta de Empleo Público para 2009 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.
En el ámbito de la vivienda, la proposición del PP aboga por pasar del 3 al 6% en la reserva de construcciones sociales y de protección oficial adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.
Por otra parte, el texto del PP, que propone reformar una docena de normas, insta al Gobierno a regular auditorías previas de accesibilidad en todas las obras financiadas por la Administración General del Estado y a evaluar el grado de accesibilidad de los entornos, bienes, productos y servicios que establece la norma.
(SERVIMEDIA) 18-MAR-2009 IGA/isp

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