Sastre, que compareció en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, añadió que si bien no puede precisar en qué medida está afectando la crisis a las personas con discapaicdad, sí es seguro que lo está haciendo, sobre todo, en los centros especiales de empleo, que dan trabajo a buena parte de las personas con discapacidad en España.

Ante esta situación, la representante del Cermi pidió a los grupos políticos que no descuiden la atención de las personas con discapacidad en la actual situación económica y afirmó haber puesto muchas esperanzas en la llamada Mesa de la Discapacidad.

Esta mesa, formada por seis miembros del Ministerio de Política Social y otros seis del Cermi, pretende contribuir a la definición de los objetivos que deben perseguir las políticas públicas sobre discapacidad.

UNA LEY QUE CUMPLA LA CONVENCÍÓN DE LA ONU

Durante la comparecencia también reclamó una ley transversal que contenga las modificaciones necesarias que deban acometerse en el ordenamiento jurídico español para adaptarlo a lo requerido por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"La convención puede ser un instrumento inútil si no hay una apuesta política, social y jurídica para el cumplimiento de lo manifestado en ella", afirmó en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja Ana Sastre. Y es que, continuó Sastre, la Constitución Española carece de medidas concretas en virtud de las que se garantice el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad.

Esta representante del Cermi subrayó que "no será aceptable" ninguna medida "que contenga un tratamiento menos favorable para una persona cuando esté fundamentado en su discapacidad", como ocurre con la esterilización no voluntaria de los ciudadanos con discapacidad psíquica o con la aceptación legal del aborto para evitar el nacimiento de un niño con discapacidad.

Se trata, prosiguió, de abordar la discapacidad de una forma transversal, es decir, desde todas las políticas públicas y no sólo desde el ámbito de los servicios sociales, como se hace, por lo general, en la actualidad. A este respecto, la diputada socialista Margarita Pérez señaló que la adaptación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento jurídico español se hará "lo más rápido posible", porque se trata de una "herramienta fundamental" para abordar de una forma transversal la discapacidad.