El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado una propuesta de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, que elevará al Gobierno y a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y en el Senado para que, a la hora de otorgar las pensiones no contributivas por invalidez, se tenga en cuenta la renta personal y no la de la unidad económica en la que se integran las personas con discapacidad.

De este modo, el CERMI señala que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Española, que establece la existencia de un régimen público de Seguridad Social para "todos los ciudadanos", la Ley pasó a garantizar, como derecho subjetivo, el acceso universal a las pensiones de "invalidez" o jubilación ante situaciones de necesidad.

Sin embargo, esta entidad advierte de que este criterio de extender el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes al conjunto de la unidad económica de convivencia "ha perdido su sentido una vez transcurridos más de quince años desde su entrada en vigor".

Para el CERMI, en este período "se ha demostrado que el número de beneficiarios es ciertamente reducido e incluso presenta, en los últimos años, una tendencia clara a disminuir". Asimismo, apunta que el mecanismo previsto en la Ley "tampoco resulta efectivo en la práctica, al ser fácilmente evitable por el simple método de aumentar artificialmente la dimensión de la unidad de convivencia y con ello el límite de recursos que permiten acceder a la prestación".