Unos 50 discapacitados protestan por no poder acceder a la categoría de empleado público.

Critican que la Adiministración dificulte su integración

Acfi Press. Las Palmas de Gran Canaria

La Facultad de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy domingo se celebraban las oposiciones a administrativo convocadas por el Gobierno de Canarias, acogió la segunda concentración y recogida de firmas de cerca de medio centener de personas discapacitadas que exigen al Gobierno regional la supresión del anexo del decreto 43/1998 de la Función Pública Canaria, que regula el acceso de los discapacitados a la Administración.
Abel Hernández, representante de UGT y discapacitado visual, explicó que este anexo vulnera el artículo 9.2 de la Constitución Española y pese a ello está en vigor desde hace diez años. Hernández recuerda que el decreto reserva las plazas para las personas discapacitadas pero que el anexo al decreto suponen una gran limitación y provoca que esas personas acaben siendo expulsadas o no se puedan presentar.
"Este anexo, que impide acceder a la categoría de empleado público a las personas ciegas en nuestra Comunidad Autónoma, vulnera un derecho amparado por leyes estatales y supranacionales, iniciando por la Constitución Española, que en su artículo 9.2 establece que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", destaca.
"Resulta incongruente que la Administración Pública Canaria, en vez de promover y fomentar la integración de los discapacitados, la dificulte, más aún en la actualidad, cuando hay un gran número de ciegos licenciados, decenas de invidentes matriculados en las universidades canarias, y cuando hay profesionales ciegos en disciplinas tan diversas como pueden ser la Fisioterapia, el Derecho, Empresariales, Magisterio, Psicología o Informática. No se puede entender que se limite el acceso a la Administración Pública a personas que se esfuerzan precisamente para equipararse en capacidad a los diferentes profesionales que forman parte del empleo público", concluye Abel Hernández.

Fuente: Canarias al día. com