En este sentido, el profesor Guillén puso de relive que la contratación de personas con discapacidad, además de suponer unos ahorros económicos a las organizaciones, conlleva otra serie de beneficios, como la generación de modelos de creación de valor que son trasladables a toda la empresa.

Además, también puso de manifiesto que, aunque existe un amplio conocimiento de la legislación laboral sobre las personas con discapacidad, son pocas las empresas que dan el paso de contratar a discapacitados. Guillén señaló que el incumplimiento de la Lismi es mayor entre las empresas del sector público que entre las del sector privado, con un 25% y 38%, respectivamente.

Aunque el 90 por ciento de las empresas que fueron encuestadas para el estudio han señalado que la contratación de personas con discapacidad les aporta beneficios, un 80 por ciento de ellas mencionaron la necesidad de que la administración pública incremente las ventajas por la contratación de personas con discapacidad.

Por último, Guillén señaló que, si se cumpliera la ley, no debería de haber paro entre este colectivo, que tiene que enfrentarse a dos grandes retos: una incoporación efectiva al mercado de trabajo como buscadores activos de empleo y que las empresas aprovechen adecuadamente la capacidad laboral de las personas con discapacidad.