El pasado sábado se produjo una reunión en la sede de la UGT con los representantes de las plataformas por la aplicación de la Ley de Dependencia de las ciudades Alicante, Elche, Alcoy y Sax. El encuentro tenía como motivo evaluar las reivindicaciones y actividades que se han realizado con la intención de agilizar el proceso de aplicación de la ley para los grandes dependientes tal y como indica la normativa.

La Ley de Dependencia establece que todas las personas minusválidas o discapacitadas, así como aquellas otras que les prestan cuidados, recibirán una ayuda económica por parte del Gobierno para su mejor integración en la sociedad. En el encuentro se informó de que el 27 de junio se envió una segunda carta a Juan Cotino, conseller de Bienestar Social, para que éste les recibiera y poder presentarle las protestas con tal de que los grandes dependientes sean valorados.

Sin embargo, la contestación de Cotino fue «un silencio administrativo negativo» que ha provocado que el Defensor del Pueblo recurriera al Tribunal Constitucional, cuyo veredicto está pendiente. Los defensores argumentaron que «el Gobierno del señor Camps quiere dejar sin derechos a todas las personas dependientes que presentaron solicitudes a partir del 1 de enero de 2008».

Critican también que «el Gobierno valenciano está realizando notables gastos con los grandes eventos demostrando una notable insensibilidad con las situaciones límite de miles de familias», en relación a la millonaria inversión de la America's Cup y a la cercana Volvo Ocean Race.

A la espera de una contestación, los representantes hicieron propuestas de actuación que tienen pensado realizar a partir del verano, que concretarán en la reunión que ya tienen convocada para el 27 de septiembre.