Asimismo, opina que hay que aprobar con urgencia, negociando su contenido con las partes afectadas, los desarrollos y acuerdos pendientes a escala estatal, como son el de acreditación de servicios y centros y el de participación de la persona usuaria en el coste (co-pago).

Otro de los puntos de la ley que, en opinión del Cermi, hay que revisar es el del baremo de valoración de la dependencia aprobado en 2007.

"Esta revisión debe corregir las desviaciones detectadas y ajustar los baremos para que toda situación de necesidad de apoyos para la autonomía y dependencia sea valorada del modo más adecuado y correcto. En esta revisión, hay que prestar una especial atención a la valoración de las personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental y personas con problemas perceptivo-cognitivos y conductuales", sostiene el Cermi.

También aboga por adoptar las medidas necesarias que garanticen la equidad territorial en el despliegue y aplicación de la ley, "evitando el surgimiento de subsistemas disímiles en función del territorio, que agravan las desigualdades entre la ciudadanía por razón del lugar en que vive".

Exigir a las comunidades autónomas la creación inmediata de órganos de participación y consulta, a modo de consejos o comités, en los que tengan presencia los tejidos asociativos representativos de personas con discapacidad y sus familias y de las personas mayores, es otra de las peticiones de la Asamblea del Cermi.

Por último, el Cermi desea que se apruebe un Plan Urgente de Inversiones en Infraestructuras y Servicios, "en el que se tenga presente el decisivo papel de la iniciativa social, que remedie progresivamente los déficits históricos en materia de estructuras de atención y apoyo".